Se detectan adeudos millonarios en instituciones de pensiones

Culiacán, Sinaloa, 28 de octubre de 2025.– Una auditoría interna reveló que los gobiernos estatales de Mario López Valdez (Malova) y Quirino Ordaz Coppel dejaron una deuda acumulada de 2 mil 641 millones de pesos con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sinaloa (Issstesin).
Los adeudos corresponden a retenciones de nómina no enteradas a los fondos de pensiones y vivienda de los trabajadores estatales, realizadas entre 2012 y 2016, así como en algunos meses de 2021.
El origen del adeudo

De acuerdo con los reportes financieros, los recursos descontados de los salarios de los trabajadores debían destinarse a su fondo de jubilación y vivienda, sin embargo, fueron utilizados para otros fines operativos durante las administraciones anteriores.
La suma total asciende a 2 mil 641 millones de pesos, clasificada como deuda no cubierta ante ambos institutos.
Auditorías revelan irregularidades en el manejo de fondos
El hallazgo forma parte de una revisión de las finanzas estatales que busca determinar las obligaciones pendientes en materia de seguridad social.
Las irregularidades comprenden aportaciones no enteradas, retenciones omitidas y desvíos de recursos etiquetados.
Antecedente en el Issstesin
En 2017, la Auditoría Superior del Estado realizó una investigación que abarcó el periodo 2011–2016, donde determinó que los recursos del Fondo de Vivienda administrado por el Issstesin se usaron para pago de nómina de jubilados y pensionados, en lugar de créditos de vivienda.
Dicha irregularidad derivó en fallos judiciales a favor de más de 100 trabajadores del sector educativo, quienes presentaron demandas por el desvío de sus aportaciones.
Impacto financiero y seguimiento
El adeudo de 2,641 millones representa una de las mayores observaciones financieras en materia de pensiones en los últimos años.
Autoridades estatales analizan mecanismos para sanear los fondos y evitar afectaciones futuras a los trabajadores próximos a jubilarse.

